Los Mossos d’Esquadra y la Policía Local desalojaron una ocupación en el número 27 de la calle Lleialtat de Esplugues, informó ayer el ayuntamiento en un comunicado.
En el edificio vivían entre 25 y 30 personas. La policía local recibió la primera información sobre la ocupación en octubre de 2017, hace casi tres años. El proceso se llevó a cabo después de que el propietario emprendió acciones legales y obtuvo la aprobación de los juzgados.
Según medios de comunicación eran 9 familias distintas con un total de 11 menores. Los servicios sociales de la ciudad han proporcionado a las familias con menores alojamiento temporal en un alberge en la ciudad durante los próximos siete días.
A finales de octubre de 2017, la policía local recibió información de que el edificio estaba ocupado. Desde entonces, los agentes han realizado diversas intervenciones debido a interrupciones en el suministro de agua, violaciones a las reglas de convivencia o incumplimiento de restricciones durante el estado de alarma.
La PAH Esplugues del Llobregat había llamado a sus simpatizantes a las 10 de la mañana, 40 minutos antes de la hora de la expulsión. Los agentes de los Mossos d’Esquadra esperaban que los hechos ocurrieran 30 minutos antes y cerraron el paso. Se negaron a dar acceso a los negociadores de la PAH, dicen las personas que fueron el centro de atención.
Pero la tensión se intensificó y los manifestantes denunciaron la «violación del protocolo policial». Los asistentes denunciaron en sus redes sociales que varios policías habían «ocultado sus identificaciones» y que un agente «portaba el arma» en la mano.
La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, aseguró que ha trabajado incansablemente para devolver la calma al barrio con los vecinos más afectados.
La orden judicial fue dictada tras las numerosas denuncias del barrio de Can Clota, en las que el Ayuntamiento y la Policía han participado en varias ocasiones. Los procedimientos para solicitar el permiso de desalojo fueron iniciados por el actual propietario de la finca hasta que se completó la construcción, que según PAH Esplugues estaría en manos de un fondo de «especulación». Los mismos vecinos han expresado su satisfacción por el desalojo.
Los servicios sociales municipales no solo ofrecieron alojamiento temporal, sino que también proporcionaron alimentación e higiene a las personas, subsidios para el almuerzo y escolarización de los menores. Las familias también han recibido asesoramiento hasta cuatro veces, explicó el consistorio.
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