El Ayuntamiento agilizará la expropiación de “El Barco” por la caída de un falso techo que puede afectar a más viviendas

La caída de un falso techo el pasado 23 de febrero en una vivienda del edificio conocido como El Barco, y una posterior revisión que detectó riesgo de problemas similares en otras viviendas, hará agilizar el proceso de expropiación de este bloque de 38 viviendas situada en el parque de Els Torrents, que debe ser derribada, al estar en terrenos calificados como zona verde por el Plan General Metropolitano (PGM).
Es lo que explicaron la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, y los tenientes de Alcaldía Eduard Sanz y Oliver Peña, a las familias afectadas este miércoles 6 de marzo en una reunión en el Espai Baronda. El Ayuntamiento tuvo que adquirir recientemente El Barco, anteriormente en manos de un propietario que tenía alquilados todos los pisos, para proceder a su derribo.
“El calendario previsto para buscar una salida individualizada a cada familia, en función de su situación, deberá adelantarse, porque no queremos que haya ningún riesgo para las personas”, dijo la alcaldesa. Los primeros informes técnicos concluyen que el desprendimiento tiene origen en humedades y que es necesario revisar la totalidad de las viviendas para ver el alcance real. Además, de forma inmimento se realizarán obras de emergencia en las partes de las cuatro viviendas donde se ha detectado este problema.
En paralelo, se activará el proceso de acompañamiento individual para buscar una salida en cada caso. En algunos casos, tendrán derecho a realojo, y en otros –en función de aspectos como el tiempo que lleven viviendo en ellos–, a indemnización, según marca la ley. La alcaldesa dijo que el Ayuntamiento está trabajando en buscar pisos para ofrecerlos en régimen de alquiler protegido a las familias que tengan derecho a realojo. En la reunión, las familias asistentes pudieron realizar preguntas y expresar sus preocupaciones.
El edificio fue construido a finales de los años 40 del pasado siglo. Treinta años después de que el PGM calificara los terrenos como zona verde, la familia propietaria solicitó la expropiación a la Generalitat, que derivó la obligación al Ayuntamiento.